El ex presidente Raúl Alfonsín siempre fue considerado como un gran orador. Con sus palabras tenía el poder del convencimiento. Pero también podía definir una situación con precisión de cirujano utilizando un par de términos. Él fue el creador de la frase “la mano de obra desocupada”. Y la dijo para definir el accionar de ex miembros de las fuerzas de seguridad y del ejército en diferentes hechos delictuales, especialmente los secuestros extorsivos. Y hace 35 años Rafael Berardi fue víctima de uno de ellos.

Desde la restauración de la democracia en 1983, hasta principios de los 90, los hombres que habían integrado los “grupos de tareas” que secuestraban a personas de sus casas en tantos años de impunidad, eran sumados a grupos que raptaban gente para cobrar rescates. Hubo dos organizaciones bien identificadas que se dedicaron a cometer estos hechos en esos años.

El más conocido de todos fue “El Clan Puccio”, que estaba integrado por los miembros de una reconocida familia de San Isidro y hombres vinculados a las fuerzas de seguridad. Fueron acusados y condenados por los secuestros de Ricardo Manoukian (22 de julio de 1987), Eduardo Aulet (5 de mayo de 1983), Emilio Naum (22 de julio de 1984) y Nélida Bollini de Prado (23 de agosto de 1985), que fue la única que sobrevivió. Arquímedes Puccio, líder del grupo, fue funcionario de la dictadura militar, ex miembro del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), ex integrante de la trístemente célebre Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y miembro del ultraderechista Movimiento Nacionalista Tacuara. Además de sus hijos Alejandro (llegó a jugar en Los Pumas) y Daniel, fueron sus cómplices Guillermo Fernández Laborda y el coronel (r) Rodolfo Franco. Cuando los detuvieron, los investigadores encontraron escritos en un papel los nombres de 10 personas que, se pensó, eran sus futuras víctimas.

La otra organización, no menos importante porque su historia no llegó a las pantallas, fue conocida como “La banda de los comisarios”. Se trató de policías federales que habían sido elegido para secuestrar personas que luego serían torturadas en campos de concentración. Actuaron durante más de una década aprovechando sus contactos en la fuerza y los conocimientos en la materia. Entre sus víctimas aparecieron los nombres de la hija de un banquero, Karina Werthein (1978), el joyero Roberto Apstein (1979), el hotelero Julio Ducdoc (1980), Sergio Meller (1984), Osvaldo Sivak (1985) que ya había sido raptado años antes, Rodolfo Clutterbuck (1988) y Mauricio Macri (1991). En total, según se confirmó, lograron reunir más de U$S 12,5 millones con los rescates que percibieron.

El grupo tenía algunas particularidades. El comisario Roberto Buletti participó en la liberación de Sivak en el primer secuestro que sufrió en 1979, que fue liberado luego de abonar U$S1 millón. Como agradecimiento, el empresario lo nombró como jefe de custodios, sin saber que tenía contacto con la banda que lo raptaría seis años después y que lo terminó asesinando, pese a que sus familiares abonaron el dinero que les exigían para liberarlo. Esa misma suerte corrieron Ducdoc y Clutterbuck.

Buletti y el subcomisario José “Turco” Ahmed fueron considerados cabecillas de la organización y terminaron siendo condenados a perpetua. En sus días de encierro, se recibieron de abogados, lo que los ayudó a recuperar la libertad más rápido. Otro dato curioso: varios de los sospechosos de integrar esta organización, en algún momento, se encargaron de proteger a Alfonsín, el presidente que no paró hasta que los vio a todos tras las rejas.

Antecedentes

Pasando la General Paz también se formaron otros grupos similares. Y también estaban integrados por personas que habían sido preparadas para secuestrar, torturar y matar. Roque Di Paoli y Jorge Munir “El Turco” Saade fueron los cerebros de la organización que cometió al menos cuatro secuestros extorsivos. Su primera víctima fue el productor cordobés Daniel Piñero Pacheco, que fue raptado en junio de 1986. El hombre llegó a su casa donde fue reducido por tres hombres fuertemente armados. Ingresaron al domicilio, robaron varios objetos de valor y luego lo llevaron a un lugar desconocido de Córdoba. Fue liberado cuando su familia pagó el rescate de U$S 200.000.

Dieron el segundo golpe el 29 de julio de ese mismo año. La banda interceptó al empresario textil cordobés José Maslub cuando estaba por ingresar a su vivienda y se lo llevaron muy lejos. Durante unos 75 días permaneció escondido en una pieza construida a dos o tres metros bajo el nivel del suelo dentro de una casa de Santa Fe, en un lugar que simulaba ser un espacio para poner una cisterna de agua. Fue liberado por personal de la Policía Federal a cargo de José Alcides Bresso en un cinematográfico operativo. Los investigadores habían recibido el dato sobre dónde podía estar oculto. Di Paoli y Saadi lograron escaparse, pero fueron atrapados tres miembros de la banda: Jorge Barquero, el ex miembro de inteligencia de la Policía cordobesa Carlos Alberto Rosas y Normando Claudino Sánchez.

Al sentirse “marcados” por los investigadores, que ya los tenían identificados, pero no los podían ubicar, los responsables de la organización decidieron instalarse en Tucumán. Saade tenía contactos en esta provincia porque aquí había formado parte de un “grupo de tareas” durante el Operativo Independencia. Aquí planearon los otros dos secuestros por los que luego fueron procesados. El de Rafael Berardi, al que terminaron asesinando, y el de Victorio Enrique Curi, al que liberaron luego de que pagara 4 millones de australes extraídos de las arcas públicas de la vecina provincia, escondido en un pozo cavado en un campo cercano a Termas de Río Hondo.

Pero como suele suceder cuando se detiene a un grupo, las autoridades comienzan a buscar cabos sueltos para determinar si no estuvieron implicados en otros hechos. Los investigadores definen ese proceso como “salir a pescar” porque si no consiguen vincularlos, está bien, y si lo logran, mucho mejor. El problema es que muchas veces lo terminan haciendo sin que exista ninguna prueba al respecto. Y esta banda de secuestradores fue mencionada en estos hechos, pero nunca se los comprobaron.

El primero de ellos ocurrió en Santa Fe. El 25 de noviembre de 1985, en la localidad de Clarque, secuestraron a Eduardo José Grimi, gerente de una importante cerealera, en su domicilio. Luego de apoderarse de joyas y dinero, se lo llevaron. Le exigieron que escribiera una carta a sus familiares solicitando el pago de un rescate. El joven ejecutivo de 35 años fue liberado después de que sus allegados entregaran 50.000 australes y U$S 8.000.

También en 1985, pero sin que apareciera una fecha exacta, el grupo habría raptado al productor Alberto Horacio Bollati, en la localidad santafesina de Las Parejas. Sus familiares pagaron 330.000 australes de rescate y fue liberado en la zona de la vieja terminal de Rosario.

El otro caso en el que fueron mencionados se registró en Salta, en 1986. La profesora de inglés Elsa Khune y la veterinaria Gracieal Edward fueron secuestradas y asesinadas el 4 de septiembre de ese año. Nunca se llegó a establecer cuál fue el móvil de sus crímenes, pero todo parecería indicar que estuvo vinculado al narcotráfico. Ambas podrían haber trabajado o investigado a un candidato que se habría dedicado al tráfico de drogas. Al descubrir su verdadera faceta, ambas denunciaron la situación, por lo que habrían sido asesinadas. Di Paoli y Saade fueron señalados como los posibles hombres que habían sido contratados para eliminarlas. El segundo, cuando declaró ante la Justicia de la vecina provincia, negó cualquier vinculación en el hecho, pero reconoció que trabajó para ese dirigente durante varios años.

Definiciones

“Eran dos hombres jugados, no formaban parte de una banda”, se apuró en aclarar el ahora camarista Ricardo Sanjuán, que investigó el caso. “Ellos empezaron en Córdoba y fueron cambiando de provincia para actuar. En todos lados sumaban gente local”, añadió. En “La Docta” al grupo se habían sumado tres personas, para secuestrar a Berardi y a Curi; contaron con los servicios de Demetria Helena “Elenita” Sarmiento y de los primos santiagueños Giorgio y José Antonio López. ¿Pero quién les aportaba los datos para que capturaran gente? ¿Había alguien por encima de ellos? Para el magistrado, no; para el experimentado y ya retirado periodista cordobés de “La Voz del Interior” Miguel Durán, podía ser. “Siempre se habló, pero nunca se probó nada”, indicó.

“A Maslub un ex empleado lo entregó”, resumió Durán. “Sí había en el grupo personas como Saade y Rosas que tenían la experiencia de haber formado ‘grupos de tareas´ durante la dictadura. Y casi con seguridad, en esos años, recibían algunos aportes por parte de sus ex compañeros”, añadió. Siguiendo con esa línea, en Tucumán, el grupo recibió el dato de “Helenita” para que secuestraran a Berardi. “Ellos estaban buscando oportunidades para golpear. Eso es lo que se estableció en la investigación que realizamos”, insistió Sanjuán en la entrevista con LA GACETA.

Sin embargo, el comisario Bresso, que trabajó en la investigación de todos estos casos, fue protagonista de una insólita situación. Al enterarse de que Maslud podría estar escondido en una casa, no dudó y realizó el operativo de rescate sin ninguna autorización judicial. “No había otra forma; se trataba de la vida de una persona. Tuvimos que ir a la mansión frecuentada por políticos, jefes policiales y funcionarios. Aguardamos el momento y lo fuimos a buscar”, explicó. Pero ese accionar le costó caro: “hasta hace poco no podía pasar por Rosario, tenía orden de captura por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿a usted le parece?”, reconoció el experto que murió en junio pasado en Córdoba, cuyos habitantes lo consideraron un héroe por el trabajo que realizó, hasta que se retiró por sufrir una afección cardíaca.